Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Ha transcurrido más de un siglo y medio desde la Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, cuando un grupo de Letrados cuya actividad se proyectaba en las más diversas direcciones aunó ilusión y esfuerzo para crear esta ilustre casa.

El 2 de julio de 1837, las Cortes aprueban el proyecto de Estatutos para el régimen de los Colegios de Abogados del Reino. Nueve días después, el Real Decreto que contenía el cuerpo estatutario, se eleva a la Reina Gobernadora para su preceptiva sanción. La regia aprobación disponía que se hicieran llegar dos ejemplares de los Estatutos a los Decanos de los colegios existentes y a los abogados más antiguos de los pueblos y ciudades donde, debiendo instalarse los colegios, no los hubiese, para que, reunidos bajo su presidencia todos los abogados del ámbito territorial asignado a cada corporación letrada, se procediera a la celebración de una junta general para su constitución y para “todo lo demás que debe tratarse en tales juntas”.

El Texto Estatutario que se adjuntaba venía precedido por un Real Decreto, fechado el 5 de mayo de 1838, en el que la Regente María Cristina de Borbón, manifestaba a D. Francisco de Paula Castro, Ministro de Gracia y Justicia, que “En conformidad con lo tratado por las Cortes el 2 de Julio último, y movida por las razones que me habéis expuesto, vengo, como Reyna Gobernadora, a nombre de mi excelsa Hija, la Reyna Doña Isabel II en decretar que se guarden y observen los siguientes estatutos para el régimen de los Colegios de Abogados”

El Ministerio da inmediato cumplimiento al regio mandato, y, el 28 de mayo siguiente, mediante Orden Circular, cursa las atinentes instrucciones a los regentes de las Audiencias.

Recibido en las Palmas el correspondiente Despacho, el titular del alto Tribunal Canario, D. Juan García del Pozo, se apresura el 31 de julio de 1838 a ponerlo en conocimiento del Decano de aquel Colegio y del Letrado más antiguo de Santa Cruz de Tenerife, para que procediera en su respectivo territorio, conforme ordenaba el Real Decreto de 5 de mayo precedente. Misión que recayó en D. José de Zárate y Penichet, Decano en edad- setenta y seis años-, y como hemos visto, el primero en dignidad y méritos.

Al Juez de Primera Instancia de la villa Santacrucera, D. Domingo de Azcona y Calvo, llega la comunicación oficial enviada por el Regente García del Pozo, e inmediatamente la entrega “mano a mano”, el 11 de agosto inmediato, a D. José de Zárate.

En la misma fecha, la persona que ostenta el cargo de biógrafo, en uso de las facultades competenciales que le atribuía la Circular de 28 de mayo, dirige la correspondiente convocatoria a todos los abogados residentes en el territorio citándolos, de comparecencia,“para que tenga su debido y puntual cumplimiento la Soberana Voluntad de S.M.”, añadiendo que a la finalidad contenida en la mencionada Orden “he señalado pª la reunión en Junta general el domingo, dos del próximo mes de Septiembre,a las diez de la mañana en la Sala del Ayuntamiento, que para este objeto me ha sido concedida, esperando se sirva avisarme al recibo a los fines expresados”.